Buen Gobierno expone contratos por más de 2 mil millones de pesos de empresas de los hermanos Hernández Casillas con institutos electorales

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó el jueves 5 de noviembre en la conferencia matutina en Palacio Nacional (se abre en una pestaña nueva) una investigación de fuentes abiertas sobre una red de empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas que, entre 2014 y 2023, obtuvo contratos por más de 2 mil millones de pesos con 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). La revisión se hizo por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con registros de la Plataforma Nacional de Transparencia y del histórico de CompraNet, según El Economista (se abre en una pestaña nueva).

De acuerdo con la exposición, entre 2024 y 2025 las empresas del grupo siguieron obteniendo contratos, aunque con menos organismos: 15 OPLE y un monto identificado de 646 millones de pesos. Buenrostro advirtió que las cifras son preliminares y podrían crecer cuando avance la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), porque no todos los contratos están disponibles en las plataformas públicas.

Qué presentó la Secretaría Anticorrupción

Entre las compañías señaladas están Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández. Según la dependencia, el presunto esquema consistía en que empresas relacionadas entre sí participaban en los mismos procedimientos de contratación para simular competencia, mientras el beneficiario final era el mismo grupo. La secretaria describió además el presunto uso de empresas sin capacidad operativa ni empleados en nómina, de prestanombres para ocultar al beneficiario final y de empresas factureras.

La investigación reconstruye la trayectoria de los hermanos desde 1983 en la Secretaría de Gobernación, primero en el Registro Nacional de Población y después en el entonces CISEN, y su paso a proveedores de material electoral en 1999 con la empresa Cartonera Plástica, en el Estado de México. El crecimiento de la red se ubicó después de la reforma electoral de 2014, según Quadratín (se abre en una pestaña nueva).

Qué sigue

La presidenta explicó que corresponde a la ASF determinar la inhabilitación de las empresas y que la Secretaría Anticorrupción podrá replicarla en la administración federal mediante convenios. También anunció que presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México, de modo que la mayor parte del material electoral se fabrique en la empresa del Estado, de acuerdo con El Universal (se abre en una pestaña nueva). Sheinbaum señaló que hasta ahora no hay evidencia de que los hermanos pertenezcan a una organización criminal y que la ASF y la Fiscalía General de la República deberán investigar a todas las personas que hayan participado en posibles irregularidades. La información presentada forma parte de una investigación y no implica una determinación de responsabilidad.

El caso surge tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE el 26 de octubre, en medio de una auditoría de la ASF sobre contrataciones, y la llegada de una presidenta provisional que frenó nuevos contratos. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares, precisó que la lista de personas bloqueadas es reservada y solo se comparte con las instituciones financieras. La presidenta resumió el caso en un mensaje en sus redes (se abre en una pestaña nueva).