El Senado aprueba la reforma que exige nacionalidad mexicana única para la Presidencia y las gubernaturas

El Senado de la República aprobó el 29 de septiembre, en lo general y en lo particular, la reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para aspirar a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La votación sumó 86 votos a favor y 42 en contra, con lo que alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Quienes pretendan ocupar esos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad. Si ya cuentan con una nacionalidad distinta, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos, en los términos que establezca la ley.

Qué establece el dictamen

El proyecto también contempla restricciones durante el ejercicio del cargo: el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de derechos políticos derivados de otra ciudadanía y el acogimiento a la protección diplomática de otro país. La contravención de esas disposiciones se sancionará conforme al régimen de responsabilidades del Título Cuarto de la Constitución.

En el régimen transitorio, el Congreso de la Unión tendrá 90 días naturales después de la entrada en vigor del decreto para adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral. La medida está prevista para aplicarse a partir del proceso electoral de 2028, por lo que no alcanza las elecciones de gubernaturas del próximo año.

Qué sigue

La reforma ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados el 22 de septiembre. Tras el aval del Senado, continúa el proceso constitucional: debe ser ratificada por la mayoría de las legislaturas de los estados y, posteriormente, publicada en el Diario Oficial de la Federación.

El Ejecutivo federal ha planteado la reforma como una salvaguarda de soberanía: limitar a una sola nacionalidad a quienes encabezan los poderes ejecutivos federal y locales. El dictamen precisa que la exigencia se dirige a esos cargos y no modifica el reconocimiento general de la doble nacionalidad para el resto de la ciudadanía.